A menudo aparece en los medios de comunicación el tema de la inmigración en el Estado español: cayucos que llegan a la costa con decenas de personas a bordo, inmigrantes que intentan saltar la valla, preadolescentes que viajan colgados a los fondos de los camiones... pero raras veces aparece un análisis profundo y, apenas nunca, se le da la palabra a los migrantes. Ya es hora de comenzar a escuchar la voz de los sin voz, de los y las que llegan, para escuchar todo lo que nos tienen que contar, para construir, a través de la palabra, un vínculo fuerte que nos de las claves para trazar un camino firme hacia una sociedad intercultural. Una sociedad que tenga como principio la justicia social.

La difícil travesía hasta llegar a España no anuncia lo que la mayoría de los inmigrantes encuentra cuando llegan: dificultades para conseguir los papeles, imposibilidad de trabajar precisamente por no tenerlos, miedo de los controles policiales que pueden marcar el camino de regreso al país de origen o el ingreso en un CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros). Esa imagen distorsionada de la realidad que se tiene desde muchos países del Sur respecto a los países del Norte es lo que se denomina “efecto llamada”. Un efecto, entre otros factores, potenciado por un modelo cultural globalizador basado en crear identidades a través del consumo y que se exporta a los países del Sur.

Naciones Unidas estima que hay más de 190 millones de migrantes internacionales, pero con el panorama actual de crisis socioambiental lo más probable es que esta cifra sea cada vez mayor. Si bien la cantidad de migrantes no es muy superior a la de principios del siglo pasado (cuando el 3% de la población mundial abandonó sus lugares de origen), lo que si supone una novedad es el cierre de fronteras, que hace que las corrientes migratorias se desvíen por rutas en las que cada vez se pone más en riesgo la vida de los migrantes. Ante este panorama de movimiento de personas, Europa blinda sus fronteras, construyendo una Europa fortaleza de las que los muros de Ceuta y Melilla son un claro ejemplo. Una Europa que impide el libre tránsito de personas de los países del Sur, y que a su vez se encarga de exportar un modelo de globalización económica que se basa en el cuanto más mejor. Un modelo depredador de recursos naturales, homogeneizador y que se basa en una explotación infinita de los recursos finitos del planeta, causante de la grave crisis socioambiental en la que estamos inmersos. Un panorama que hará que las migraciones sean, cada vez, más frecuentes.

Este modelo de globalización capitalista es cada vez menos permeable a la libre circulación de las personas, pero permite, cada vez más, la libre circulación de los capitales. En un escenario en que la deslocalización productiva, donde la cadena de producción, distribución y consumo atraviesa distintos países y continentes, permite obtener más beneficios a base de contratar mano de obra barata y obviar la regulación ambiental. Las empresas trasnacionales migran hacia los países del Sur, lo que les permite seguir con la lógica de la acumulación propia del modelo económico de los países del Norte. Este modelo de producción y consumo globalizado tiene un efecto determinante en los flujos migratorios.

El Estado español tiene una situación particular respecto a la inmigración debido a su ubicación geográfica, al desarrollo económico que ha experimentado y a su carácter de “potencia colonizadora” en épocas anteriores. Esto hace que en términos relativos sea uno de los países del mundo en los que más se ha incrementado la población inmigrante.

Y esta llegada no está exenta de conflictos que, según se analice, pueden verse como una oportunidad o como un riesgo. Como un riesgo porque ante un panorama de crisis económica como la actual, es mucho más fácil que a los discursos racistas y xenófobos se sumen más adeptos. Los miedos acentúan los prejuicios y mitos que generan rechazo ante lo desconocido, ante el extranjero. Un panorama acompañado de unas políticas por parte del gobierno que se basan en la expulsión y no en la integración, como muestra la Ley de extranjería y la reforma de la misma y la Directiva europea de Retorno, que suponen un retroceso en cuanto a los derechos y libertades de las personas migrantes. Pero también suponen una oportunidad, porque nos permite crear una sociedad menos homogénea y, por lo tanto, más diversa. La vida es un producto de la diversidad, al igual que ocurre en un monocultivo, en el que una sencilla enfermedad puede acabar en poco tiempo con toda una cosecha, sin diversidad cultural y humana estamos reduciendo el abanico de nuestros aprendizajes, nuestra capacidad de adaptación a situaciones cambiantes y nuestra capacidad de reconstruir lo dañado.