Frente a la posibilidad de instalar en la Comunidad de Madrid el mega proyecto de turismo, ocio y juego Las Vegas Madrid, los portavoces interesados comienzan con una primera fase fundamental para la protección de sus intereses: instalar en la opinión pública ideas sobre las “bondades” del proyecto. Y callar el resto.

En el marco de la globalización económica, el desembarco de los capitales a un país no sólo debe valerse de poder económico y político para favorecer su llegada y asegurar la máxima rentabilidad de sus operaciones. Para que esta llegada sea efectiva y rentable también es fundamental instalar discursos e ideas en la opinión pública, con el objeto de minimizar las críticas y evitar las resistencias locales. Tarea que, en muchos casos, es asumida por miembros de las Administraciones públicas anfitrionas de las inversiones extranjeras. Analicemos un ejemplo actual y cercano: hace pocas semanas saltó a los medios de comunicación la noticia de que el multimillonario estadounidense Sheldon Adelson, tercer hombre más rico de los EEUU según Forbes, promotor inmobiliario y propietario de la empresa transnacional Las Vegas Sands Corp., que cotiza en Wall Street, había abierto negociaciones con los gobiernos central, autonómico y municipal para instalar en el territorio madrileño un enorme complejo de casinos y hoteles, similar al modelo Las Vegas.

Resumidamente, el proyecto consiste en un macro complejo de ocio y juego, formado por casinos, hoteles, resorts, casas de apuestas y centros de convenciones para albergar a turistas internacionales y fomentar, aún más, esta actividad en la región. En definitiva, 36 mil nuevas habitaciones, 6 casinos (con 1065 mesas y 18 mil máquinas recreativas) y hasta 3 nuevos campos de golf: una oferta destinada en su mayoría a consumidores foráneos.

Las primeras noticias de las negociaciones, aportadas por altos cargos de la Comunidad de Madrid, centraban su relato en la idea de la “oportunidad” que este proyecto suponía para el territorio y su población. Centrándose en una idea única y repetida hasta la saciedad: la “creación de empleo” en tiempos de crisis.

Traducción del lenguaje interesado.

Motivar y satisfacer la codicia del empresariado de este tamaño no resulta una tarea fácil para las Administraciones que quieren recibir sus inversiones. Las reglas de juego vigentes nunca son suficientes. Pero: ¿Qué exige este inversor a las Administraciones públicas españolas para instalarse en la Comunidad de Madrid? Y: ¿Cómo se traducen estas exigencias en un lenguaje interesado?

Para los trabajadores y trabajadoras, Las Vegas Sands exige que se cambie el Estatuto de los Trabajadores, con el objeto de deteriorar las relaciones laborales y reducir el poder de negociación sindical.

En el lenguaje interesado, esto se llama “flexibilización laboral”. Para las arcas públicas, la empresa cotizada exige 2 años de exención total de las cuotas a la Seguridad Social y de todos los impuestos municipales, autonómicos y estatales. Además, el Estado español debería ser garante de un préstamo de 25 mil millones de euros que se solicitaría al Banco Europeo de Inversiones. Finalmente, se pide una ley que garantice la exclusividad del negocio y otras ventajas fiscales durante los 10 próximos años. Al exigir el tratamiento como “zona franca” también se deberían cambiar las leyes del Impuesto sobre Sociedad y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, del IRPF, del Juego, del Impuesto sobre Actividades Económicas o del Impuesto Municipal sobre construcciones, instalaciones y obras, entre otras. Ante esta perspectiva, la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre se adelantó a declarar públicamente que apuesta por “cambiar todas las normas que haya que cambiar” con el objeto de que el complejo se instale en la región. Y a esto se lo llama “incentivos a la inversión extranjera”. Para el entorno, se demandan más infraestructuras, como un AVE directo hasta el complejo, además de Renfe y Metro, y también más carreteras para permitir el arribo al complejo en vehículos privados. Más aún: también se demanda la cesión totalmente gratuita del terreno para la edificación [1].

A esto se lo llama “inversión pública en infraestructuras”.

Y más: como punto de partida se plantea una modificación radical de las reglas de juego (como el Plan General de Ordenación Urbana) y de otras tantas legislaciones a los tres niveles de la Administración. Asimismo, se han puesto sobre la mesa de las negociaciones otras pretensiones, como la anulación de la Ley anti tabaco y de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales en el interior del complejo.

A esto, directamente, no se lo menciona.

Un “beneficio” clave del relato del proyecto es la previsión de duplicar la cantidad de visitas internacionales que llegan a Madrid al año, alcanzando la escalofriante cifra de los 10 millones de turistas (en un territorio con una superficie de poco más de 8000 km2, menos de 6,5 millones de habitantes y una densidad de 809 habitantes por kilómetro cuadrado (INE, 2011)).

En el diccionario del lenguaje interesado, esto se llama “favorecer el crecimiento económico en la región”.

Sin embargo, el punto de fuerte de este dudoso argumentario no podía ser otro: el empleo. Al igual que sucede con los discursos que legitiman el establecimiento de maquilas en países del Sur, el “chantaje del empleo” es la idea que con más fuerza se pretende instalar en la sociedad madrileña, con el objeto de evitar críticas y resistencias, y hasta de motivar a la ciudadanía a corear “bienvenido Mister Adelson”. En este caso, apoyándose en un estudio de una consultora, según Aguirre el proyecto generaría más de 200 mil empleos entre directos e indirectos.

Sin embargo, ni una palabra de la calidad de estos supuestos puestos de trabajo: ¿temporalidad? ¿Derechos laborales y sindicales? ¿Salarios? ¿Cualificación? No, ni una sola palabra sobre la calidad de los empleos: sobre estas cuestiones, silencio absoluto.

Otra idea que se quiere instalar consiste en que a través de esta “receta” de gigantescas inversiones en nombre del “progreso”, la “prosperidad” y la “generación de empleo”, la ciudadanía residente en la Comunidad de Madrid mejoraría su calidad de vida. Un paso hacia este “progreso” que llegaría usando recursos comunes y bienes públicos, violando abiertamente derechos laborales y recibiendo un trato fiscal que roza lo vergonzoso, como si fuera un mero “esfuerzo” que hay que acometer (¡la ciudadanía!) para satisfacer las demandas del capital.

El lenguaje nunca es desinteresado ni neutral. Y este lenguaje, tan común en el capitalismo global, también parece lleno de intenciones de lucro a cualquier precio.

Silencios discursivos: ¿qué se omite?

Estas ideas que pretenden instalarse están repletas de silencios discursivos. Se omiten, por ejemplo, los impactos locales, de duplicar el flujo de turistas internacionales y con ello el flujo de aviones, las emisiones de CO2 y la contaminación del aire; los impactos devenidos de las enormes necesidades de infraestructuras; la destrucción de las condiciones naturales del entorno, entre otras cuestiones. Tampoco se oye ni una sola palabra sobre el aumento exponencial de las necesidades de recursos y de la generación de residuos derivados de este proyecto.

Asimismo, no se puede perder de vista la esencia de esta inversión: se trata de un proyecto destinado al ocio y el juego de un puñado de privilegiados. ¿Qué tipo de turismo se atrae a la región? Un negocio cuestionable en sí mismo, por el que se pide a cambio impactos sociales y medioambientales, eliminación de leyes laborales y beneficios fiscales a espuerta. En definitiva, la profundización en la apuesta por un estilo de vida insostenible y por un modelo de turismo, transporte, construcción e infraestructuras que amenaza cada vez más al planeta.

En definitiva, esta “oportunidad” no es más que un proyecto para construir una isla en una suerte de estado de excepción fiscal, laboral y legal, que permita duplicar el turismo de negocios y de juego, para que quienes tengan capacidad para ello puedan disfrutar de los casinos, el golf y los negocios en un entorno totalmente liberado. Un “paraíso” (sólo para el inversor y sus consumidores) ubicado en el centro neurálgico de una país asolado por la crisis especulativa de una élite de inversores globales, como el mismo Adelson.

En un capitalismo en llamas la retórica del Pensamiento Único se hace presente para justificar el sinsentido. La idea subyacente en este discurso podría explicarse así: para salir de la crisis, profundicemos el modelo, dejemos que el capitalismo salvaje siga avanzando, deteriorando el medio ambiente, usando recursos comunes y bienes públicos para hacer negocios que sólo benefician a una élite.

Pero más allá de este diccionario de lenguaje interesado, es evidente que para salir de la crisis, no se pueden dar saltos hacia adelante en el modelo que nos condujo hasta ella, no se puede seguir en el camino del deterioro ecológico y las cesiones de derechos sociales frente al capital. Sino apostar por una transformación radical de los procesos socioeconómicos y ajustarlos a las posibilidades del planeta y la biosfera.

No a este proyecto, ni aquí ni en ninguna otra parte del planeta. No con nuestro silencio.