Uno de los derechos consagrados en la Constitución Española, el derecho a una vivienda digna y adecuada, se ha convertido en pocos años en uno de los sectores de negocios más prósperos y con los mayores índices de rentabilidad, principalmente en las capitales, zonas litorales y grandes urbes del Estado. El uso intensivo e insostenible del territorio para la especulación ha sido una de las claves centrales del crecimiento de la economía española durante la última década. La denominada “burbuja inmobiliaria” ha supuesto la precarización de gran parte de la clase trabajadora que, en lugar de su derecho a una vivienda digna, debe dedicar la mayor parte de sus ingresos al pago de un alquiler o la letra de una hipoteca, ambos a niveles de precios de una atroz especulación. Por otra parte, este estado de situación ha disparado los niveles de beneficios de tres sectores: la construcción, la promoción inmobiliaria y la banca. Ante este escenario en que los derechos se convierten en los más ingentes negocios y en el que los gobiernos gestionan los intereses de unos pocos grupos empresariales, la creación de alternativas es tan importante como el mismo hecho de denunciar la especulación y reivindicar los derechos. Porque la vivienda es, ante todo, un bien imprescindible para la reproducción de la vida.