El sistema agroalimentario actual, impuesto desde mediados del siglo XX tras la llamada Revolución Verde, supuso el incremento en la producción de alimentos a escala global. Sin embargo, esto no ha significado la erradicación de la miseria. Un 12,5% de la población mundial pasa hambre, casi 870 millones de personas, según un informe sobre el bienio 2010-2012 difundido en Roma por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Además, en los países enriquecidos sufren los efectos de una alimentación con excesivos aportes de grasas, azúcares y químicos, que conducen a enormes tasas de obesidad, colesterol, diabetes o alergias.

Es evidente que no se trata tanto de un problema de cantidad de alimentos, dado que se producen excedentes agrícolas, como de un desigual reparto de acceso a los mismos a través de unas reglas del mercado, injustas, que desarticulan las economías agrarias locales, generan la pérdida de la soberanía alimentaria de los pueblos, miseria y éxodo rural.

Por otro lado, a través de los monocultivos agroindustriales, se pierden toneladas de valiosa tierra fértil, las aguas se sobreexplotan y se contaminan de nitratos y tóxicos, se pierde biodiversidad de semillas y razas ganaderas, se incrementa la emisión de gases de efecto invernadero debido a la dependencia del petróleo del sistema agroalimentario y a las grandes distancias de transporte de los alimentos, etc.

Todo ello debido al actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos, controlado por las grandes corporaciones del sector, de carácter insostenible tanto desde el punto de vista ecológico como social, pero que supone el continuo incremento de beneficios en manos de unas pocas multinacionales del sector biotecnológico de los transgénicos, industria química (pesticidas, herbicidas y fertilizantes) y agroalimentario en general. A esto hay que sumar la crítica situación en la que se encuentra la pesca y la acuicultura, debido a las deficiencias de los regímenes de ordenación pesquera, a los conflictos por la utilización de los recursos naturales, al uso persistente de prácticas pesqueras y acuícolas inadecuadas, a la no incorporación de las prioridades y los derechos de las comunidades pesqueras en pequeña escala, etc.

Ante esta situación, proliferan muchas experiencias alternativas de producción y comercialización de alimentos que fomentan un consumo responsable, sano, sostenible y equitativo, mediante estructuras de participación y acción colectiva.